Hablando de privatizaciones

José Manuel Rodríguez Solar

Para que se dé usted una idea, estas son las cuentas claras de las privatizaciones: De las 1,152 empresas paraestatales que dejó López Portillo en 1982, para 2006 solamente quedaban 217. Por el total de las 935 empresas privatizadas, entre las que se cuentan Teléfonos de México, Aeroméxico, Mexicana de Aviación, Altos Hornos de México, DINA, Fertilizantes Mexicanos, Aseguradora Mexicana, los 18 bancos comerciales, Ferrocarriles, Aeropuertos, Autopistas, etc.; el país obtuvo 23,731 millones de dólares, de los cuales el 95 por ciento (22,605) fueron captados entre 1988 y 1993, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Por si estas privatizaciones hubieran sido pocas y no suficientes para satisfacer el apetito de los privatizadores y de los beneficiarios de ellas, durante la primera mitad del sexenio de Vicente Fox sólo logró la desincorporación del 7 por ciento de las privatizaciones programadas, esto debido a la fuerte oposición del Congreso para permitirlas.

“Según datos de la Secretaría de Hacienda, el gobierno programó desincorporaciones por 82 mil 200 millones de pesos entre 2001 y 2003, pero sólo alcanzó a vender activos por 6 mil 196 millones de pesos. En 2005, la meta del gobierno era privatizar activos y empresas estatales para que las arcas públicas tuvieran ingresos por 21 mil 150 millones de pesos, pero al final no hubo ninguna venta y los recursos por ese concepto fueron nulos, según el informe de Finanzas Públicas 2003”. (Verónica Galán, Reforma)

¿Cómo es posible que las empresas privatizadas puedan rendir más y ser más productivas en manos de particulares y no bajo la dirección y el manejo de los funcionarios y ejecutivos que las operan, servidores públicos, burócratas, secretarios de Estado o del presidente de la República? Vaya autorreconocimiento tácito del gobierno de su incapacidad e incompetencia, vendiéndolas y cediéndolas a los capitalistas, porque el gobierno no las puede hacer productivas ni rentables. Entonces, ¿para qué está el gobierno? Si tácitamente por sus acciones reconoce públicamente su ineptitud para administrar y operar las empresas paraestatales que son el eje rector de la economía nacional.

El cuento de que el gobierno no tiene dinero es una falacia, puesto que no hay economía más fuerte que la de un Estado. ¿Acaso no fue el gobierno el que rescató a la Banca de que sucumbiera a tan sólo tres años (1992-1995) de su privatización? ¿No fue un absurdo haber vendido los 18 bancos en aquel entonces por 12 mil millones de dólares (a crédito, con facilidades) y tener que pagar después por su rescate (apoyo a deudores y ahorradores) 110,000 millones de dólares (casi 10 veces más)?

Para reforzar la antipatía que hoy tenemos a las privatizaciones y a todo aquello que huela a ellas, ésta es una síntesis de la nota de Roberto González Amador que escogí como los antecedentes, informe y trayectoria de las privatizaciones de las empresas públicas que se hicieron en el pasado. En ellas encontramos datos y cifras por demás ilustrativas:

“En lo que constituye uno de los peores negocios para los contribuyentes mexicanos, la privatización de más de mil empresas públicas iniciada en 1982 ha generado para el fisco ingresos por 31 mil 538.1 millones de dólares, cantidad que equivale a sólo 28.8 por ciento de la deuda asumida por el Estado para financiar el fracaso de la gestión de los particulares que adquirieron parte de esas compañías”.

“A la fecha, el costo de los rescates bancario, carretero, de ingenios y líneas aéreas alcanza 109 mil 214.71 millones de dólares, cantidad que equivale a multiplicar por 3.46 los ingresos obtenidos por privatización de empresas públicas de 1982 a la fecha y que incluso supera en 38 por ciento el saldo actual de la deuda externa del sector público, que es de 79 mil millones de dólares, de acuerdo con información del Banco de México, Secretaría de Hacienda y reportes de la Unidad de Desincorporación de Empresas Públicas.

“El proceso de venta de empresas públicas mexicanas se inició en 1982, como condiciones impuestas por organismos internacionales para brindar asistencia al país y los recursos sirvieron en parte para hacer frente a la falta de divisas.”

“Información del Banco de México y la Secretaría de Hacienda indica que, convertidos a dólares al tipo de cambio promedio de cada año, los ingresos por privatizaciones que ha captado el país entre 1982 y 2001 sumaron 31 mil 538.1 millones de dólares. Esa cantidad representa sólo 28.8 por ciento de los 109 mil 214.71 millones de dólares a que equivalen actualmente las deudas asumidas por el Estado a consecuencia de los rescates bancarios, de las autopistas concesionadas, las aerolíneas y los ingenios”.

“El caso que ilustra mejor el fracaso de las privatizaciones es el del sistema bancario. Por los 18 bancos vendidos en el sexenio del expresidente Salinas entre 1991 y 1992, el gobierno obtuvo 12 mil 355 millones de dólares. Actualmente la deuda relacionada con el rescate bancario, según la Auditoria Superior de la Federación, es de 920 mil millones de pesos, unos 89 mil 350 millones de dólares”.

“Dos exsecretarios mexicanos de Hacienda, David Ibarra Muñoz y Jesús Silva Herzog Flores, entrevistados por La Jornada, coincidieron en que la política de privatizar empresas públicas para buscar mayor eficiencia económica está agotada en el país y afirmaron que continuar por ese camino en el caso de la pretendida apertura al capital privado de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad conduciría al fracaso y a la pérdida de soberanía económica.

Con esta información, opiniones y puntos de vista, vale la pena considerar nuestro porvenir si seguimos por el camino equivocado. No se puede ser tan necios y tercos pretendiendo salir del paso momentáneamente mientras dura el sexenio. Ya basta de insistir en las privatizaciones o en cualquiera de sus formas. Nos redituaría más hacerlas eficientes y productivas, como lo han sugerido y señalado las opiniones autorizadas y los expertos en la materia de los energéticos. Más nos valdría frenar el saqueo y la corrupción en esas paraestatales en donde abunda la ineptitud de los que las dirigen o de los organismos que permiten que las graven y se endeuden como lo estamos viendo.

Es hora de exigir que las administraciones públicas no sólo sean transparentes sino también más eficientes y productivas. Que los que las dirigen sean personas competentes y que las administren honestamente. Sólo así podremos saldar la deuda pública y lograr que las empresas paraestatales se financien con sus propios recursos como si fueran eficientes empresas privadas.