La carrera privatizadora de los gobiernos mexicanos

México es el segundo país privatizador de América Latina. Según un estudio del Banco Mundial, en la década de los noventa el Gobierno transfirió a particulares activos por 31.458 millones de dólares, representando el 20,4% de la venta total de empresas propiedad del Estado en Latinoamérica. El informe del Banco Mundial indica que entre 1990 y 1998 las privatizaciones de empresas públicas en México alcanzaron un monto apenas inferior al saldo de la deuda externa del país en 1998. México planea privatizar bienes en aeropuertos, ferrocarriles y energía, industria petrolera y sector eléctrico.

Los efectos de los programas de privatización no han sido satisfactorios ya que se ha reducido el empleo a la mitad; no obstante, la producción se ha incrementado en un 54,3% a pesar de una significativa reducción en inversiones.

Un caso singular del proceso privatizador en este país es la privatización bancaria. Así, a finales de 1990 se creó la Unidad de Desincorporación de Entidades Paraestatales, encargada desde entonces de todo lo relacionado con la desincorporación.

Entre 1988 y 1993 el Estado transfirió al sector privado el 50% de sus empresas, de las que 18 eran entidades financieras. Antes de su venta, la banca comercial contaba con 160.524 trabajadores, con 4.503 oficinas y 28,4 millones de clientes.

Para hacerlos más atractivos, los bancos fueron recapitalizados, se dotaron reservas para hacer frente a la deuda vencida, se mejoraron los estados financieros y se eliminó la deuda interbancaria estimada entre 3 y 4 mil millones de dólares. El gobierno obtuvo de estas privatizaciones más de 12 mil millones de dólares, equivalentes a 3,53 veces el valor que se desprendía de los libros contables.

Las utilidades generadas por la banca comercial, recién privatizada, serían reconocidas internacionalmente por publicaciones financieras especializadas como los de mayor rentabilidad de América Latina para el primer semestre de 1993. Para este periodo la rentabilidad superó el 45%, casi el triple del promedio mundial del 13,16%.

Tres años después de su venta, los bancos se declararon en bancarrota, haciendo que el Estado los rescatara mediante la creación del Fobaproa y pagando por ello diez veces más de lo que recibiera al venderlos a privados.