“El petróleo debe ser
utilizado para
encauzar y hacer prosperar
la economía
en el país con sus propios
esfuerzos,
custodiando para beneficio
de los
mexicanos una de las
industrias
fundamentales destinadas a
coadyuvar al
logro de la plena
independencia
económica de México”.
Lázaro Cárdenas, 1936.
INTRODUCCIÓN.
Los
integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas
Petroleros (UNTyPP), vemos tres grandes etapas en la explotación
petrolera en México.
La
primera, cuyos inicios se ubican a fines del siglo XIX con los
primeros alambiques y refinerías propiedad de extranjeros. Porfirio
Díaz legalizó y otorgó concesiones de explotación a compañías
extranjeras que llegaron a controlar 90% de los campos petroleros.
Éstas llevaron a cabo toda clase de trampas en contra del marco
legal, la hacienda pública y los intereses de los trabajadores
mexicanos. A pesar de que los principios de soberanía nacional
fueron incorporados a la Constitución de 1917, prácticamente no se
aplicaron; en los hechos, las compañías extranjeras mantuvieron el
control sobre le petróleo de México y sus beneficios.
La
segunda comenzó con la expropiación de 1938, cuando los
trabajadores petroleros exigieron el reconocimiento de su sindicato
nacional y su contrato colectivo único, logrando la unidad del
pueblo y gobierno en contra del saqueo y arrogancia de los
inversionistas extranjeros.
Cabe
señalar que la explotación y comercialización petrolera por una
empresa propiedad de la Nación, favoreció el proceso interno de
acumulación de capital mediante la industrialización del país y la
consolidación de la “iniciativa privada”, pero también
contribuyó a la creación de una burocracia política y sindical
corrupta y derrochadora de los recursos petroleros. De hecho, ésta
fue incapaz de enfrentar la crisis económica y financiera de los
años 80.
La
tercera etapa inició con el gobierno de Miguel de la Madrid, en 1982
(quien impulsa el neoliberalismo en el país) y continúa hasta hoy.
La política energética, y en particular la explotación de los
hidrocarburos, ha consistido esencialmente en la utilización de
Petróleos Mexicanos, organismo del Estado responsable de su
explotación, como garantía de pagos de los intereses de la deuda
externa e interna a favor de la banca internacional, durante la fase
de ajuste estructural (1982-1994) y después, como soporte fiscal y
de divisas del Estado, en una economía política tributaria y
dependiente, en la que las corporaciones globales, nacionales y
extranjeras, alcanzan fases extraordinarias de acumulación en
México, por la sistemática reducción de sus aportaciones fiscales
para el desarrollo nacional.
Es
importante destacar que los gobiernos neoliberales, orientados por el
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de los
Estados Unidos de América, han establecido deliberadamente durante
los últimos 30 años una política de dependencia energética. Esto
ha sucedido
- a través de la exportación acelerada de petróleo crudo sin valor agregado;
- la utilización de la renta petrolera y de los impuestos obtenidos para sustituir el vacío de aportación fiscal de las corporaciones globales, nacionales y extranjeras, y
- la utilización de las divisas petroleras para compensar la balanza comercial y de pagos.
Las
corporaciones globales han sustituido al Estado en una parte
importante de las actividades de la industria petrolera que la
Constitución reserva al Estado mexicano, y de parte sustantiva de la
generación de la energía eléctrica.
Esto
se ha dado por medio de un sistema ilegal de privatización a través
de modificaciones a leyes secundarias y un sistema de contratos que
se corresponde con la sistemática desinversión en infraestructura,
refinación y petroquímica, que ha conducido al país a una
situación de dependencia energética creciente y a la creciente
dificultad de utilizar al sector energético para contribuir al
financiamiento del desarrollo nacional.1
Desde
los años de Díaz Serrano se inició la continua, sistemática y
permanente dilapidación de los recursos naturales, que se ha
manifestado por una extracción acelerada de los hidrocarburos sin
reponer las reservas extraídas y con ello, la drástica caída de
las reservas probadas.
Durante
el sexenio de Ernesto Zedillo, se aceleró aún más la explotación
de crudo, hasta que se inició su declinación con Calderón por la
baja de producción del campo Cantarell, misma que la criminal
inyección de nitrógeno, en lugar de gas natural, no pudo impedir.
La importación de productos refinados también inició con Zedillo y
aumentó bruscamente con Fox y Calderón, por negocios privados de
los gobernantes. Las reservas se pudieron estabilizar apenas con
Calderón, incurriéndose para ello en altos costos.
Como
resultado de los compromisos del TLC y de la imposición del Consenso
de Washington, se continuó con la disminución del Estado en el
sector energético.
Esto
significó el acelerado debilitamiento de Petróleos Mexicanos con
- una creciente participación de la iniciativa privada;
la concentración y el aumento constante en las cuotas de exportación de crudo a los Estados Unidos de América (arriba del 80% de nuestras exportaciones van hoy día a ese país), y
- el incremento artificial de los precios de los combustibles al mercado nacional y la adopción a rajatabla de especificaciones internacionales de calidad ecológica para los combustibles elaborados por Petróleos Mexicanos.
Lo
anterior también provocó que la adquisición de bienes y servicios
provenientes de proveedores nacionales, por efecto del TLC, pasara de
alrededor de 70% a 25%.
En el
sexenio de Salinas se promulgó la Ley Orgánica de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios, mediante la que se creó a
Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, como entidades
paraestatales con personalidad jurídica y patrimonio propios, lo que
provocó una desorganización hasta la fecha no resuelta en la
empresa.
Con
la reclasificación de productos petroquímicos que disparó Miguel
de la Madrid, Salinas intentó privatizar parte de la actividad
petroquímica y Zedillo, vender Pemex Petroquímica (PPQ), lo que en
combinación con la aplicación del ciego criterio de precios de
transferencia interna a precios de mercado, resultó en un fracaso
total, provocando la muerte de la petroquímica mexicana, en un
tiempo de las más poderosas de mundo.
Hoy
en día, todas las actividades de importancia son realizadas por
compañías privadas.
Este
es el caso de
- los estudios integrales de yacimientos, que no es otra cosa que a entrega paulatina del proceso industrial completo del gas a la IP (perforación y terminación de pozos; las plataformas de producción y procesamiento y compresión de gas; los ductos y la entrega de gas entubado al consumidor), esquema que ahora se quiere repetir con el crudo para dárselo a refinadores privados que propone la Reforma Energética de Peña Nieto;
- la reconfiguración de las refinerías Cadereyta, Ciudad Madero y Minatitlán (financiamientos mediante los Proyectos de Inversión Diferidos en el Gasto -PIDIREGAS-, ahora conocidos como Proyectos de Inversión de Largo Plazo), que no es otra coas que la contratación de deuda privada onerosa, iniciada por Ernesto Zedillo y que ahora representa graves problemas de balanza de pagos;
- los proyectos integrados, adjudicados a la compañía Schlumberger para el “desarrollo de las reservas del Chicontepec” y que, ahora sabemos, resultaron totalmente fallidos para los mexicanos, no así para las compañías beneficiadas, en uno de los casos más evidentes de extranjeros impulsando la toma de decisiones contra el interés nacional.Algunos de estos proyectos, como las reconfiguraciones, eran necesarios, pero se pudieron haber llevado a cabo mayoritariamente con ingeniería e inversión pública nacionales, de haber habido voluntad política. En todos estos casos, el capital intelectual y recurso humano nacionales, que son lo más valioso, ha sido sustituido por personal extranjero.
Las
licitaciones de los proyectos citados fueron “ganadas” por firmas
extranjeras con nivel tecnológicamente similar o inferior al de las
nacionales. Un caso notorio es el de Sunkyong, que “ganó” las
licitaciones para Cadereyta y Madero, a pesar de que su ingeniería y
experiencia eran inferiores a la calidad y experiencia de Bufete
Industrial, ICA y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). Sunkyong
importó ingenieros, supervisores, soldadores y personal de
construcción, a pesar de que existe y estaba desempleado personal
mexicano. Además, esta compañía coreana importó pilotes de
concreto para cimentaciones, cuando México es un país exportador de
cemento y varilla de acero y mano de obra calificada para
producirlos.
Increíblemente,
años después Petróleos Mexicanos aún promueve demandas contra
esta empresa y su socia Siemens, en vez de encarcelar a los
funcionarios mexicanos que provocaron esta tragedia.
Desde
que se llevó a cabo la división de Petróleos Mexicanos en
Organismos Secundarios, se produjeron:
- la desarticulación de áreas estratégicas;
- la interrupción o fragmentación de las cadenas productivas;
- la nociva imposición de precios de transferencia entre subsidiarias en perjuicio fatal de la cadena productiva con la pérdida de empleo a nivel nacional;
- la sustitución masiva de personal capacitado por la contratación, también masiva, de empresas privadas nacionales y extranjeras;
- la comercialización de productos con precios indexados al mercado norteamericano y la multiplicación y superposición de áreas administrativas, que en su conjunto han restringido la eficiencia y eficacia de Petróleos Mexicanos como motor del desarrollo nacional.
Cada
organismo de Petróleos Mexicanos comenzó a desarrollar su “Plan
de Negocios” en forma separada de las demás y en descoordinación
con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en lugar de aplicar
la planeación integral del sector y la búsqueda del óptimo balance
energético nacional. Lo que el gobierno de los últimos 25 años ha
querido y conseguido, es convertir al país en proveedor de petróleo
crudo a Estados Unidos e importador creciente de gas, petrolíferos,
petroquímicos y químicos, al grado de que hoy día la balanza
comercial nacional (pública y privada) de productos petrolíferos y
petroquímicos es negativa. La aplicación de políticas de mercado
han sido garantía de desarticulación de todo proyecto nacional.
Internacionalmente,
se ha llevado a Petróleos Mexicanos a una situación financiera
insostenible, manteniéndose en línea con las políticas de
seguridad energética de los Estados Unidos y de negocios de las
transnacionales.
La
iniciativa de reforma energética de Felipe Calderón significó más
de lo mismo:
- una mayor inversión de compañías privadas en una amplia gama de actividades del proceso petrolero, mediante el cierre de áreas de Petróleos Mexicanos (proyectos, construcción, operación) al tiempo que se despidió a técnicos altamente calificados, con la consiguiente pérdida de valor económico y destrucción de fuerzas productivas;
- más merma injustificada de reservas petroleras;
- más daños a yacimientos e infraestructura de transformación y transporte;
- volúmenes crecientes de importación de gas natural, petrolíferos, petroquímicos y químicos;
- desintegración adicional de las cadenas productivas;
- incremento del desempleo y la migración;
- evolución continuada de la empresa a una situación financiera insostenible.
En
fin, que se ha continuado deteriorando en forma deliberada el
patrimonio nacional para acentuar la dependencia hacia el exterior.
El
principal problema de Petróleos Mexicanos no es su pasivo laboral,
como se pregona en los medios informativos, ni la supuesta ignorancia
de sus trabajadores y mandos medios (en todo caso, la ignorancia y
mala fe de sus mandos superiores, que además de su pésimo
desempeño, usan a la empresa como agencia de colocaciones y
trampolín político), ni siquiera las aducidas malas prácticas del
sindicato de trabajadores manuales, sino el régimen fiscal
confiscatorio y el trato de “vaca lechera” al que la empresa está
sometida desde 1992 y cuya consecuencia, con poco remedio después de
las reformas de 2008, ha sido el decaimiento de las instalaciones y
la incapacidad de realmente reaccionar a las necesidades de una muy
cuestionable estrategia de globalización.
Imagen
de la debilidad financiera que proyecta la división de la empresa en
organismos ha creado así, unto con el contratismo, las condiciones
para la desaparición de la misma y que sea sustituida por cientos de
empresas privadas, en su mayoría de origen extranjero, las cuales,
por la dinámica de la economía globalizada, se concentrarían con
tiempo en pocas transnacionales, mismas que son capaces de derrocar
gobiernos si así les conviniera. La revisión del discurso de
nacionalización petrolera de Lázaro Cárdenas nos muestra que hay
realidades que no cambian. Apenas en 1985, mientras de la Madrid
llevaba a cabo los primeros golpes a Petróleos Mexicanos, Shell se
encargó de derrocar al gobierno de Nigeria, país petrolero, para
obtener “memorándums de entendimiento”.
En
resumen, todo lo hasta aquí anotado se ha llevado a cabo en el
contexto de la irresonsable “reforma” neoliberal del Estado a
favor de las corporaciones globales, con los siguientes propósitos:
- Subordinación de la Constitución al poder corporativo global y a los tratados internacionales de naturaleza económica.
- Definición de políticas públicas, leyes, presupuestos y de la política económica del Estado-Nación, en función de la acumulación global del capital.
- Socialización de las pérdidas y quebrantos económicos de empresas y organismos públicos a la población, y privatización de beneficios e intereses públicos por corporaciones globales nacionales y extranjeras.
- Eliminación de la planeación y el fomento económico estratégico por parte del Estado, frente al mercado mundial.
- Tendencia a la privatización de las actividades sustantivas de las áreas estratégicas del Estado, de servicios públicos e infraestructura.
- Apropiación corporativa de las compras de gobierno, mediante contratos de largo plazo con corporaciones globales.
En
cuanto a la actual fuerza de trabajo de Petróleos Mexicanos, su
destino parece ser el desempleo o la recontratación, en combinación
con la reciente reforma laboral, a condiciones contractuales de alta
explotación.
Todos
los países petroleros del mundo, incluido Estados Unidos, defienden
su soberanía energética. Sólo en México se sigue sosteniendo el
curso de la fragmentación del país, la nación, la soberanía y el
Estado a través de esa ley de la selva denominada Globalización en
la que el rey es, desde luego, el vecino país del norte: Estados
Unidos.
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